Antes de que anochezca

Un gigante metálico y humeante se levanta entre los campos de sorgo y maíz de Huexca, Morelos; desde la cima de una loma, la defensora del territorio Teresa Castellanos lo observa a lo lejos. Es la central termoeléctrica, obra insignia del Proyecto Integral Morelos (PIM), contra el que ella y su comunidad se levantaron en el año 2012.

Teresa, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), explica que las nubes blancas que emanan de las chimeneas de la Central de Ciclo Combinado Centro no se ven todos los días. Las y los pobladores de Huexca tampoco escuchan a diario el ensordecedor ruido —capaz de superar los 107 decibeles— que producen las turbinas, lo que les lleva a considerar que, contrario a la versión oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la termoeléctrica aún no está funcionando.

“El proyecto que tenían impulsado para que operara en el 2013 no ha podido funcionar. Ya son más de diez años de la resistencia en contra de este proyecto y vemos que la termoeléctrica aún sigue en pruebas”, indica Castellanos, quien fue torturada durante la represión en Huexca, ha sido amenazada y fue acreedora al Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” de 2019 por “la defensa de los derechos de su comunidad”.

Para la defensora, la existencia de sólo una central termoeléctrica “que funciona a medias”, y no de dos, como era el plan original, es una de las victorias en esta lucha que le costó la vida a su compañero Samir Flores, cuyo asesinato, perpetrado el 20 de febrero de 2019 y que continúa en la impunidad, marcó un punto de quiebre entre las comunidades que defienden estos territorios.

A siete años de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió contrariar su promesa de campaña sobre que el PIM no se implementaría y anunció que lo llevaría a cabo aun con la oposición de los pueblos, las personas defensoras del territorio advierten que en este periodo la violencia en Morelos se incrementó más de lo que habían imaginado; pero también se fortaleció la lucha por la defensa del agua y se generaron nuevos núcleos de organización para proteger la tierra y los recursos naturales en la región.recursos naturales en la región.

En la lucha por la vida, no se gana ni se pierde, se sigue luchando

La oposición de más de una década que organizaciones de los pueblos indígenas han plantado a la construcción de la termoeléctrica, el acueducto y el gasoducto contemplados en el Proyecto Integral Morelos (que inició en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, se construyó en el del priísta Enrique Peña Nieto, se echó a andar por partes en el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador y se continúa en el actual de Claudia Sheinbaum) ha sido combatida “con violencia desde el poder político y económico”, advierten los defensores. El PIM es, en palabras de Juan Carlos Flores, representante legal del FPDTA-MPT, “un megaproyecto que fue impuesto con la fuerza el ejército, la policía federal, la policía estatal y las policías municipales que acompañaron a las empresas que lo instalaron, violando suspensiones obtenidas a través de amparos”. Actuaron, continúa el abogado, “con grandes dispositivos de fuerzas castrenses y de fuerzas públicas, con órdenes de aprehensión, judicialización, tortura, y con el asesinato de Samir”.

A la “consulta sangrienta”, como denomina Flores al ejercicio promovido por López Obrador para decidir la continuidad del PIM, “le siguió la represión”. Mientras los pueblos mantenían un proceso de impugnación abierto contra la consulta —que continúa hoy en día— y a pesar de que la obra se encontraba suspendida por amparos ganados por las comunidades, el 23 de noviembre del 2020 la Guardia Nacional desalojó el Campamento Zapatista en Defensa del Agua del río Cuautla. Plantándose a ambos lados del río en San Pedro Apatlaco, las comunidades retrasaron, por más de cuatro años, la última etapa de construcción del acueducto que alimentaría el sistema de enfriamiento de la termoeléctrica, evitando que se llevara 560 litros de agua por segundo.

La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó en su momento que el proyecto no afectaría el suministro de agua de los ejidos y que la CFE contaba con autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para terminarlo, mientras que el ahora expresidente López Obrador afirmó: “consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal, se resolvieron todos los amparos”.

“Una vil mentira”, señala Juan Carlos Flores, quien explica que las obras del Proyecto Integral Morelos fueron terminadas, a pesar de que los litigios no han concluido. Hasta septiembre de 2025, doce amparos promovidos por las comunidades en contra del PIM permanecían activos: tres están en revisión y nueve continúan con el proceso abierto. No obstante, para el abogado del FPDTA-MPT, el rechazo es el probable destino que enfrentan estos juicios, pues Sánchez Cordero promovió que todos los amparos se concentraran en un solo juzgado y se resolvieran en un solo tribunal, al que Flores denominó “de consigna”.

Días después del desalojo del plantón del acueducto del PIM, los cien metros de tuberías faltantes fueron completados y se anunció el inicio de operaciones de la termoeléctrica de Huexca. En respuesta, el Frente de Pueblos llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que, en noviembre de 2020, solicitó al Estado mexicano información sobre los procesos jurídicos y las medidas de protección brindadas para salvaguardar la vida de activistas opositores al PIM. En febrero de 2025, la CIDH dio trámite a esta demanda y el gobierno de México deberá emitir respuesta a finales de este año.

Sin agua y con violencia

Tras la desarticulación del plantón, los ejidatarios se trasladaron a las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) General Eufemio Zapata Salazar, organización que agrupa a más de cinco mil personas que dependen del río Cuautla para subsistir y desde donde, al menos un sector, ha librado la lucha por defenderlo.

Entrevistados en los manantiales que alimentan el río Cuautla, del cual obtienen el abasto de agua para la producción de las hortalizas que comercializan, campesinos de Ayala señalan que “hubo compra de conciencias” para que algunos abandonaran la defensa. En septiembre de 2020, Asurco firmó un convenio con la CFE que autorizaba llevar a la termoeléctrica de Huexca el agua de la planta de tratamiento del río Cuautla. Este convenio, además de no ser consultado con los usuarios del río, violó el estatuto número 20 de la asociación, pues Rogelio Plascencia Barreto, entonces presidente de Asurco, fungía paralelamente como regidor del municipio de Ayala por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Solamente firmaron los dirigentes y los delegados, cuando los dueños legítimos del agua somos los usuarios”, denuncian campesinos defensores del territorio, quienes solicitaron a Desinformémonos resguardar su identidad debido al clima de inseguridad y represión que se vive en la entidad. Aseguran que otro elemento clave para la imposición del Proyecto Integral Morelos fue el avance de grupos del crimen organizado en sus territorios. “Estamos pasando por momentos críticos de inseguridad”, lamentan.

El miedo de los ejidatarios ante la inseguridad es compartido por el 90.1 por ciento de la población morelense, como lo señala el Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), cuyo informe coloca a esta entidad como la peor calificada en los niveles de percepción de seguridad.

Los datos del IEP ubican a Cuautla como el sexto municipio con mayor tasa de homicidios a nivel nacional, registrando 167 casos durante 2024, y Cuernavaca ocupa el treceavo puesto. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado más de 6 mil personas desaparecidas en la entidad desde el 2010, siendo estos dos municipios metropolitanos los que concentran la mayor cantidad de reportes, de acuerdo al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, Óscar Valdepeña. Estos datos, entre otros, corroboran las afirmaciones de Jaime Domínguez, defensor del territorio y también integrante del FPDTA en Jantetelco, Morelos, quien advierte que “por un lado está el aumento de la delincuencia, pero por otro lado está el aumento de los patrullajes de las fuerzas armadas”. Para Domínguez, el aumento de la violencia criminal se ha visto exacerbado “con la cada vez mayor presencia de fuerzas armadas, que desde hace años patrullan las avenidas urbanas y los caminos rurales de Morelos, infundiendo temor en las comunidades ante los constantes enfrentamientos y ejecuciones que día a día se reportan en la prensa local”.

Ahora, dice, “el ataque no nada más es contra los que estamos en defensa del territorio, de los derechos humanos, del agua y de la tierra, sino que es generalizado. En todo el estado de Morelos, sobre todo en Cuautla, la gente tiene miedo porque hay ataques a las dos o tres de la tarde, hay ejecuciones en todos lados, en las noches hay balaceras. Esta guerra que están llevando a cabo los grupos criminales, con apoyo de las autoridades, no es nada más contra nosotros”, insiste Domínguez, defensor que fue perseguido y torturado en el contexto de su lucha contra el PIM.

Los brazos de esa violencia generalizada alcanzaron también a los miembros de Asurco en febrero de 2022. Francisco Vázquez, integrante del Comité de Vigilancia de la Asociación, se encontraba trabajando el campo en el municipio de Ayala, cuando fue asesinado por un grupo de hombres armados.

En 2024, otro grupo armado abrió fuego contra la casa de Antonio Domínguez Aragón, presidente de Asurco, quien dejó el cargo tras el atentado. De forma interina, Carolina Plascencia quedó al frente de la Asociación, hasta que fue emboscada y asesinada el 12 de septiembre de este año, en una carretera de Cuautla.

“Ella estaba recuperando parte de lo que a nosotros nos habían quitado y no sabemos por qué tuvieron que hacerle esto. ¿A quiénes tocó? ¿A quién perjudicó para haberle arrebatado la convivencia con su familia y los proyectos de vida que tenía?”, se preguntan, desde el anonimato, sus compañeros de lucha.

Esta violencia es la que impide a los entrevistados a la orilla del río dar sus nombres y mostrar sus rostros. Un día antes de ser asesinado, Francisco Vázquez señaló como responsable de cualquier cosa que le llegara a suceder a Rogelio Plascencia. Por su parte, Carolina Plascencia se habría enemistado con Rogelio tras negarse a incluirlo en su plantilla para contender en las próximas elecciones a la presidencia de Asurco, de acuerdo con un comunicado del FPDTA-MPT emitido tras la muerte de Carolina, en el que la organización denuncia que su asesinato “se enmarca en la disputa por el agua”.

El Frente advierte que es debido a la violencia del crimen organizado y del Estado que el Proyecto Integral Morelos avanzó, pues en la entidad se consolidó “un narcoestado que, en los hechos, ha servido como instrumento del terror que permite la imposición de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto”.

La resistencia cholulteca

Árboles de tejocote secos, reflejados en un espejo de aguas tóxicas. Ese es el paisaje resultado de la “urbanización salvaje” que Alejandro Torres Chocolatl, integrante del FPDTA-MPT, advirtió a Desinformémonos hace siete años. Y que hoy se confirma.

“A raíz del Proyecto Integral Morelos, tras la construcción del gasoducto, vinieron a asentarse más parques industriales”, cuenta Alejandro mientras observa el charco venenoso que ha dejado la descarga de líquidos del Parque Industrial Ciudad Textil, cuyas 90 hectáreas, ubicadas frente a la aduana del Aeropuerto Internacional de Puebla, albergan a empresas dedicadas a la fabricación de ropa y refacciones automotrices.

Las empresas, que se ven beneficiadas por el gas natural que viaja entubado bajo los cultivos de los habitantes de Zacatepec y otras localidades de la zona, han contaminado esos campos desde su llegada en 2019, cuando el gobierno de la entidad les permitió operar a pesar de no contar con un plan de tratamiento de aguas residuales. Ante esta situación, las asambleas de las comunidades del municipio Juan C. Bonilla exigieron a las autoridades detener la polución de sus territorios.

La respuesta del gobierno poblano fue el Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Zona Industrial de Huejotzingo y Cholula, que pretendía descargar los líquidos contaminantes de las empresas al río Metlapanapa. Lejos de ver solucionado su problema, las comunidades, que tiempo atrás habían luchado contra el gasoducto del PIM, se vieron nuevamente orilladas a emprender una nueva lucha, esta vez en defensa del agua de su río. Los pueblos detuvieron la obra a pesar de la represión de la policía estatal y de la Guardia Nacional del 30 de octubre de 2019. Posteriormente vino el avance de la industrialización, que se impuso por medio de la criminalización de defensores del territorio.

A inicios de 2020, la detención de Miguel López Vega, integrante del Frente de Pueblos, escaló a nivel nacional las tensiones del conflicto durante los seis días que estuvo en prisión. Un día después de la liberación de Miguel, la obra mediante la cual se descargarían los tóxicos al río fue clausurada, y actualmente el proceso legal que detuvo su funcionamiento continúa abierto.

Impedidas las empresas para realizar descargas residuales al río, optaron por tirarla a terrenos aledaños a sus naves industriales, generando una gran preocupación entre los habitantes de las comunidades locales no sólo por la pérdida de cultivos debido a la contaminación del suelo, sino también por la posible infiltración de metales pesados a los mantos acuíferos que abastecen los pozos de donde tradicionalmente se suministran del agua que consumen.

Esos pozos enfrentaron también la amenaza que representaba la planta embotelladora de Bonafont, que día a día, durante casi treinta años, extrajo más de un millón 600 mil litros de agua, hasta que los veinte Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes la clausuraron, en marzo de 2021.

Poco después, el 29 de mayo de ese año, la tierra les dio la razón: un socavón de más de cien metros de diámetro se abrió y devoró una casa en Santa María Zacatepec, muy cerca del trazo del gasoducto implementado por el Proyecto Integral Morelos, reavivando la alerta por el peligro que esa “bomba de tiempo” representa. Los pueblos cholultecas organizados contra la extracción a gran escala del agua de su región obtuvieron la prueba fehaciente de lo que habían denunciado, pues hasta el momento la sobreexplotación del manto freático es la posible causa, certificada por la comunidad científica, de la aparición del enorme hundimiento.

La comunidad cholulteca eligió el 22 de marzo de 2021, Día Mundial del Agua, no nada más para mantener clausurada la planta impidiendo su acceso, sino también para ocuparla. Cerraron la toma de agua y el lugar se transformó en la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, un espacio destinado a la vida comunitaria hasta que la madrugada del 15 de febrero del 2022 fue desalojado por granaderos y elementos de la Guardia Nacional. 

Para las comunidades la victoria fue clara: la planta embotelladora no volvió a operar. A pesar de que el lugar fue utilizado por Bonafont durante un tiempo como centro de distribución, actualmente se encuentra cerrado y en notable estado de abandono. Los defensores de Zacatepec afirman que está en proceso de desmantelamiento y que sus pozos tradicionales han recuperado el nivel que tenían antes. Se fue Bonafont y ellos recuperaron su agua.

“Seguimos luchando, seguimos resistiendo y no solamente contra el Proyecto Integral Morelos, sino contra todo ataque que sucede en nuestros estados, en nuestras comunidades y contra el territorio”, afirma Juan Carlos Flores, desde el plantón al exterior del basurero municipal de San Pedro Cholula, clausurado por esos mismos pueblos el 21 de agosto del 2024.

Flores explica que, “a pesar de la persecución y la represión”, la lucha de los pueblos en contra de los megaproyectos se ha fortalecido, y ese plantón da muestra de ello: “mucha gente que luchó contra el Proyecto Integral Morelos hoy lucha contra este basurero, y también hay mucha gente nueva”.

Clausurada la “montaña de muerte”, como la nombraron quienes se oponen a la operación de este megabasurero a cielo abierto, la nueva generación de defensores del territorio impulsa la creación de un bosque que pueda contrarrestar el enorme deterioro ambiental en los terrenos aledaños al vertedero. Y aunque la devastación parece no tener remedio, las acciones de los defensores resuenan con las palabras del abogado y activista Juan Carlos Flores: “en la lucha por la vida no se gana ni se pierde, se sigue luchando”.

Ahora, remata Miguel López Vega, “si hay un pozo que nos está perjudicando, lo tapamos. Si hay un basurero que nos está afectando, lo cerramos. Si hay un corredor industrial que nos está afectando, le decimos que no va a echar sus aguas tóxicas a nuestro río, vamos y lo tapamos”. En el patio de su casa, el retrato de Emiliano Zapata está pintado en una de las paredes. Frente a él, este hacedor de pozos sostiene: “La única esperanza que tenemos es la de abajo y a la izquierda. La única esperanza que hay es lo que estamos haciendo”.